El Gobierno avanza sobre la privatización total de Enarsa

La tasación del paquete accionario estará a cargo de una entidad bancaria estatal, luego de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación se declarara incompetente para realizarla.

En un nuevo paso dentro de su programa de reformas estructurales, el Gobierno nacional oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización total de Energía Argentina S.A. (Enarsa), mediante la venta de su participación accionaria en la empresa CITELEC S.A., controlante de Transener, la principal transportadora de energía eléctrica en alta tensión del país.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1050/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo. El documento establece que la operación se realizará mediante un concurso público nacional e internacional, con un plazo máximo de ocho meses para concretar la venta.

Transener: un activo estratégico

CITELEC posee el 52,65% del capital accionario de Transener, incluyendo el 51% de las acciones clase A, lo que le otorga el control operativo de la empresa. A través de esta participación, el Estado mantiene una influencia indirecta del 26,32% en Transener, que opera más de 14.000 kilómetros de líneas de alta tensión, cubriendo el 85% del sistema de transporte eléctrico argentino.

Expectativas económicas

El Gobierno estima que podría recibir al menos USD 200 millones por esta primera etapa de la privatización, aunque el monto podría elevarse dependiendo de la evolución macroeconómica y la revisión tarifaria prevista para los próximos meses.Próximos pasos

La venta será coordinada por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, mientras que la Subsecretaría de Energía Eléctrica elaborará los pliegos licitatorios. La tasación del paquete accionario estará a cargo de una entidad bancaria estatal, luego de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación se declarara incompetente para realizarla.

A diferencia de procesos anteriores, esta privatización no contempla beneficios para empleados ni provincias, ni la implementación de un programa de propiedad participada. El Gobierno busca garantizar eficiencia y atraer inversión privada sin condicionamientos.