El Gobierno promulgó el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal

La «Ley de Leyes» contempla gastos totales por $148 billones y una inflación proyectada del 10,1% para todo el año.

A través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, el Gobierno promulgó la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, luego de que ambas fueran sancionadas por el Senado el pasado 26 de diciembre con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención.

El Presupuesto 2026 contempla gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación proyectada del 10,1% para todo el año, un dólar a $1423 en diciembre de 2026 y un crecimiento económico del 5% del PBI. La mayor parte del gasto se destinará a servicios sociales, con $106,5 billones, seguido por deuda pública ($14,1 billones) y servicios económicos ($11,4 billones). El texto también establece restricciones para cubrir vacantes en la administración pública, salvo excepciones en áreas críticas como Salud, Seguridad y Defensa.

Entre los puntos destacados, el Presupuesto prevé un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1%, un superávit primario del 1,5% del PBI y financiero del 0,2%, y un incremento de las exportaciones del 10,6%. Además, asigna $4,8 billones a las universidades nacionales y eleva el gasto en jubilaciones un 5%, en Salud un 17% y en Educación un 8%. Se trata del primer Presupuesto aprobado en el Congreso durante la gestión de Javier Milei, tras dos años de mandato.

En paralelo, el Ejecutivo oficializó el Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario, conocido como Ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar el uso de los dólares fuera del sistema bancario mediante su depósito en entidades financieras. La norma establece que el contribuyente será considerado cumplidor salvo prueba en contrario, sin eliminar impuestos ni borrar antecedentes fiscales. Tampoco modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El beneficio permite a los contribuyentes utilizar sus ahorros hasta un máximo de $100 millones sin enfrentar sanciones. Quedan excluidos quienes tengan ingresos anuales superiores a $1.000 millones, un patrimonio mayor a $10.000 millones o sean considerados grandes contribuyentes nacionales.