Ante la decisión del Gobierno de avanzar sobre el proyecto de reforma, dos organizaciones empresariales sostuvieron que es “un grave retroceso institucional”. Además, señalaron que su aprobación “tendría un impacto desfavorable” para combatir la pobreza.
Los principales empresarios de distintos sectores del país se manifestaron en contra de la reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el Poder Ejecutivo. Aseguraron que tomaron el proyecto con “extrema precaución” y lo calificaron como un “grave retroceso institucional”.
Tanto el Foto de Convergencia Empresarial como la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa coincidieron en repudiar el avance de la iniciativa oficial en Diputados que obtuvo dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales.
“Las modificaciones propuestas en el proyecto de ley debilitan la independencia del Ministerio Público y, por ende, su aprobación tendría un impacto muy desfavorable en cualquier plan que se proponga impulsar para reducir los niveles de pobreza”, sostuvo el Foro
La organización reclamó un “amplio consenso” y consideró “inoportuno promover una reforma que genera crispación y divisiones en momentos en que se debe fomentar la unidad de la sociedad para superar el flagelo de la pandemia”.
Asimismo, por su lado, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa habló de “profunda preocupación” por el avance del proyecto. Señaló que significa “un grave retroceso institucional porque cesa la independencia del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional en su reforma de 1994, dejando a los ciudadanos a merced del arbitrio de mayorías circunstanciales en el poder político”.
“Pensamos, como nuestros constituyentes, que la Justicia debe controlar a los gobernantes de turno, no supeditarse a ellos, y también contar con fiscales independientes que puedan avanzar con causas extremadamente complejas como narcotráfico, corrupción”, indicó la organización que marcó que esta ley “debilitará nuestra Justicia”.
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