Empresarios rechazan la intervención estatal en las Telecomunicaciones

Las compañías tecnológicas alertaron que se produjo un cambio de reglas intempestivo que produce un fuerte impacto negativo.

El sector de tecnologías de la información salió a rechazar el decreto de necesidad y urgencia que ya aprobó el kirchnerismo en el Senado, que regula los servicios de provisión de Internet, telefonía celular y televisión por cable. «Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro», indica el comunicado.

DirecTV, Telecentro, Telefónica, Telecom y Claro se encuentran entre los firmantes, una veintena de adhesiones entre los que también están otros proveedores de Internet. «La norma no deja de sorprender dado que siempre mantuvimos el diálogo de buena fe con todas las autoridades, incluso para buscar alternativas que lleven alivio a quienes más lo necesitan. La justificación de la urgencia para el dictado del DNU no se corresponde a la realidad de los hechos», señalan.

El viernes, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU 690/20), el Poder Ejecutivo nacional determinó que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) serán considerados servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, interviniendo de esa manera el sector. Esto incluye a la telefonía fija y móvil, a Internet y la TV paga.

«Resulta por demás evidente que este cambio de reglas está poniendo un freno a la Industria TIC en la Argentina, y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del Servicio de Telefonía Fija durante 15 años (1999/2015) Mientras otros países están buscando impulsar su desarrollo y sortear los efectos negativos de la pandemia, la medida dispuesta va en un sentido contrario generando un marco de absoluta incertidumbre», destacaron.

«En forma equivocada se califica a esta industria como servicio público sin ninguna necesidad y menos aún urgencia. Compartimos el objetivo de alcanzar la universalidad de acceso a todos los argentinos. Eso es una Política de Estado, de desarrollo. El Servicio Público, en cambio, es una regulación limitante, que no implica obligaciones per se y que genera desequilibrios en la inversión y los accesos. Decretar servicios públicos a Internet, TV paga y la telefonía celular NO garantiza el acceso a toda la población, y fundamentalmente busca intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y competencia», plantearon.

Con información de Clarín