Espionaje ilegal: la Cámara Federal dijo que no se probó “asociación ilícita” durante el gobierno de Macri
La Cámara Federal porteña revocó los procesamientos de los ex AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa por espionaje ilegal a dirigentes opositores, funcionarios del oficialismo, dirigentes sociales y sindicales, durante el gobierno de Mauricio Macri.
El Tribunal sostuvo que no existió una asociación ilícita -por la cual habían sido procesados-, pero aseguró que hubo tareas de espionaje ilegal a modo de “cuentapropismo” para luego cometer extorsiones por parte de un grupo conocido como “SuperMarioBross”.
También se descartó la acusación sobre un delito por espionaje en las cárceles federales, y se confirmó la falta de mérito para Darío Nieto, el exsecretario privado de Mauricio Macri que estaba procesado.
A pesar de revocar el procesamiento por asociación ilícita, Silvia Majdalani fue procesada por incumplimiento de deberes de funcionario púbico, un delito que tiene una pena de hasta dos años.
En cuanto a las tareas de observación y seguimientos sobre Cristina Kirchner y el Instituto Patria, la Cámara Federal porteña aseguró que las investigaciones “tenían una orden judicial” que las autorizaba, por lo que no puede haber sanciones penales.
El fallo firmado por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah tuvo una resolución dividida en la que se decidió revocar los procesamientos porque “la prueba reunida no fue suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal”.
“Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”, expresa el fallo, que admite que hubo “objetos de la pesquisa que podrían ser considerados ilegales”.
Para el voto de la mayoría de la Cámara Federal, “existió un grupo que movido por intereses personales utilizó recursos sensibles del Estado con fines ilegales” y se determinó que sea procesada la superior de ese grupo, Silvia Majdalani, por incumplir su deber de funcionaria pública.
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