El secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, adelantó que van a realizar asambleas el 8 de de febrero para evaluar el plan para el regreso a las clases que presentó el Gobierno porteño al que calificó de “criminal”.
“Vamos a analizar cuáles son los planteos que hace el Gobierno y como resultado del intercambio decidir qué vamos a hacer, si volvemos tal cual está planteado, si tomamos medidas de fuerza, o medidas que confronten con esta política del gobierno”, dijo Adaro en di{alegó con El Destape radio.
“Están teniendo una política absolutamente criminal hacia los pibes, las familias y sobre todo de aquellos que intervenimos en la escuela pública”, agregó el gremialista.
Horacio Rodríguez Larreta ofreció una conferencia este miércoles acompañado por su ministra de Educación, Soledad Acuña, donde hablaron de un regreso escalonado a las aulas será de forma escalonada: el 17 de febrero empiezan su ciclo lectivo los jardines maternales, el nivel inicial y primer ciclo de Primaria (primero, segundo y tercer grado) y primer ciclo de Secundaria (primero y segundo año).
El gremialista contó que durante el martes se reuniones con autoridades del Gobierno de la Ciudad, que dijo sólo sirvió como “soporte para hacer una conferencia de prensa”.
“Dijeron esto: ‘las escuelas tendrán que ver qué hacen’. No han aportado ningún tipo de solución y es lo que expresa Larreta”, sostuvo Adaro sobre el encuentro. Y aseguró que “no tienen un plan serio” para que se produzca un regreso a las aulas en 2021.
Por su parte, desde la Unión de Trabajadores de la Educación calificaron el anuncio de “marketing educativo”. Y que la presencialidad deberá estar atada a la aplicación de la vacuna contra el coronavirus.
“No es realista intentar llevar adelante esto en estas condiciones de contagio. Estamos con un número de contagios igual al del mes de junio del año pasado, que no solamente estaban cerradas las escuelas, estaba cerrado todo. Eso es lo que no es serio, cuál es el apuro”, afirmó Alejandra Bonato, de UTE, en diálogo con C5N.
El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI del principal proyecto minero del país: casi US$10.000 millones de inversión