El propietario solicitó recuperar el edificio para destinarlo a fines comerciales.
En la mañana del lunes, la Ciudad de Buenos Aires concretó el desalojo número 400 desde el inicio de la gestión de Jorge Macri, esta vez en el ex hotel Santa Ana, ubicado en México 712, en el barrio de San Telmo. El inmueble, que cuenta con 14 habitaciones, estaba ocupado ilegalmente desde hacía tres años.
El operativo fue dispuesto por la Justicia e intervino la Policía de la Ciudad, junto con personal del Ministerio de Espacio Público y del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. El propietario solicitó recuperar el edificio para destinarlo a fines comerciales.
El desalojo comenzó a las 8 de la mañana y se enmarca dentro de las políticas de la administración actual para poner fin a ocupaciones ilegales, recuperar bienes privados y públicos, y garantizar el cumplimiento de la ley.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó: «Así como terminamos con cortes, piquetes y acampes para garantizar la libre circulación y combatimos la ocupación del espacio público y la venta ilegal, tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones. La regla es clara: en la Ciudad, la propiedad privada se respeta y la ley se cumple».
Operativos recientes y medidas complementarias
El desalojo del ex hotel Santa Ana se suma a otras acciones recientes de la gestión. El viernes pasado, se desalojó un predio de 2.500 metros cuadrados en Paseo Colón y San Juan, ocupado irregularmente por un campo de deportes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) liderado por Raúl Castells, con el permiso vencido desde hace 12 años.
Asimismo, la Ciudad llevó a cabo 10 megaoperativos de desalojo de manteros, liberando veredas y plazas ocupadas para la venta ilegal en zonas como Once, Flores, Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución. También se desmantelaron feriales y ranchadas ilegales en Retiro, Aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso.
En paralelo, la gestión intensificó la labor para combatir las acciones extorsivas de los “trapitos” en la vía pública y envió a la Legislatura un proyecto de ley para agravar las penas por estas contravenciones.
Estos operativos forman parte de la estrategia del gobierno de la Ciudad para recuperar el espacio público, garantizar la seguridad y mejorar la convivencia ciudadana, según explicaron desde la administración.