Él organismo que conduce Félix Crous renunció a ser querellante en la causa; los alegatos comenzarán el 11 de julio y el fiscal podría pedir entre 5 y 16 años de cárcel para la vicepresidenta.
La Oficina Anticorrupción anunció a la Justicia que renuncia a la querella en el único juicio en marcha contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el de supuesto fraude en la obra pública por el direccionamiento a favor del empresario Lázaro Báez.
Lo comunicó al Tribunal Oral Federal 2 en el que anunció que renunciaba a la querella del juicio en el que tiene a principal acusada a la vicepresidenta, sumado a otros exfuncionarios y al empresario Báez.
La novedad fue comunicada a poco que comiencen los alegatos cuyo inicio por parte de la fiscalía estarán a partir del próximo 11 de junio.
“El Titular de este organismo ha dispuesto desistir del rol de querellante en las causas en que esta Oficina se encontraba constituida en tal carácter. Por lo tanto, no habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita a Vuestra Excelencia que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante, oportunamente asumido”, sostiene en la comunicación oficial al Tribunal y que lleva la firma del abogado Sergio Aleo.
Si bien la acusación está garantizada por parte de la fiscalía en el juicio, lo que implica esta noticia en términos políticos es que desde el Gobierno se decidió no acusar formalmente a la vicepresidenta y luego de una querella que había iniciado en 2016.
Tiempo atrás el organismo se había bajado de la acusación a otros juicios contra la Vicepresidenta, como ser el de lavado de dinero en la causa Hotesur y Los Sauces.
El argumento que esgrimió la OA es que ha incrementado sus recursos en los juicios que se siguen por hechos de corrupción y su nuevo perfil es el de la prevención en las distintas áreas.
El juicio en cuestión, comenzó el mayo de 2019 y ya lleva tres años, es uno de los más largos de los últimos años y su veredicto se estima será o bien para fines de este año o para el 2023, un año cargado políticamente por las elecciones presidenciales.
Son doce las personas juzgadas, entre ellas la vicepresidenta, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros funcionaros de la Dirección Nacional de Vialidad.
“Vamos a exportar US$10.000 millones por año y se generarán 20.000 puestos de trabajo”, dijo el presidente de YPF