El diputado nacional José Cano afirmó que la iniciativa será presentada en la Cámara baja ante la «pérdida de credibilidad por la falta de información e inestabilidad del sistema sanitario».
El diputado nacional de la UCR, José Cano, llevó al máximo los cuestionamientos a Ginés González García y presentará en las próximas horas un pedido de juicio político contra el ministro de Salud por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” y también por “comprometer la salud de todos los argentinos” con el manejo que hizo de la pandemia.
En el proyecto Cano reconoce que la pandemia “fue impredecible y no fue ni es algo fácil de manejar para el Poder Ejecutivo de cualquier país del mundo”.
Sin embargo, advierte que “en Argentina ha sido subestimada por el ministro de Salud desde sus comienzos. Subestimación que nos ha llevado a la constante desorganización, a la pérdida de credibilidad por la falta de información, a contradicciones permanentes y a la inestabilidad del sistema sanitario”.
El legislador tucumano denunció que “por culpa de la falta de oficiosidad del ministro de Salud nunca estuvimos ni estamos a la altura de las circunstancias ni siquiera al día de hoy” para enfrentar la crisis sanitaria.
También llamó la atención sobre “las anomalías en las compras de insumos” en cuanto a costos, calidad y cantidad, “y hasta maniobras fraudulentas por parte del Poder Ejecutivo en los procesos de adquisición” de los mismos.
“Hemos llegado a la instancia de encontrarse en peligro toda la población argentina ante la la falta de información clara, precisa y veraz sobre el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, que empezará a implementarse próximamente en nuestro país”, señaló el tucumano.
En ese sentido, indicó que a pesar de ley sancionada por el Congreso, el Gobierno “no logró que las negociaciones con el único laboratorio que ha logrado tener una vacuna que completara con éxito la fase III de ensayos clínicos, que es Pfizer, llegaran a buen puerto, y hoy nos encontramos con que la Argentina no ha logrado firmar un contrato con este laboratorio, a diferencia de los principales países, tanto de la región como del mundo”.
A esto se sumó que la vacuna Sputnik V, desarrollada en Rusia y adquirida por el Gobierno nacional, “no está aprobada para ser inoculada a mayores de 60 años”, lo que generó mayor incertidumbre.
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