El Banco Central anunció que los trabajadores del sector privado que cobren una parte de sus salarios con la ayuda estatal del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), no podrán acceder a la compra del dólar ahorro.
La restricción alcanzará a cientos de miles de trabajadores que no pidieron el beneficio, ya que es la empresa la que solicita la ayuda para abonar una parte de los salarios.
La ayuda salarial ATP forma parte de las restricciones especificadas en la comunicación A 7105 que el Banco Central el martes 15 de septiembre, al endurecer el cepo.
Allí se dispone que los bancos deberán constatar, antes de vender las divisas, que la persona no sea beneficiaria “de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social –incluyendo los subsidios de carácter alimentario–, sin perjuicio de que podrán percibir prestaciones de la seguridad social derivadas de la relación laboral –tales como las asignaciones familiares”. Según fuentes del Banco Central, el programa ATP se computa como “ayuda social”.
Por otro lado, en el marco de un acuerdo unánime, la Corte Suprema de Justicia dispuso abrir el per saltum presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, quienes intervinieron en causas de corrupción contra Cristina Kirchner y cuyos traslados fueron revocados por iniciativa del oficialismo en el Senado.
Tanto Carlos Rosenkrantz (titular del máximo Tribunal), como Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco (participó de la reunión de manera virtual) optaron por dar lugar al reclamo y ahora deberán decidir si todo el proceso por el que los tres jueces fueron desplazados es legal o no.
«A Cristina la quieren presa porque le tienen miedo», advierten desde el núcleo del kirchnerismo