Como respuesta a la derrota, el grupo liderado por Paolo Rocca analiza presentar una denuncia por dumping contra la empresa ganadora.
El presidente Javier Milei intervino de forma directa en la controversia generada por la licitación que el Grupo Techint perdió frente a la empresa india Welspun Corp. El conflicto se originó tras la adjudicación de un contrato de 200 millones de dólares para la provisión de caños destinados a un gasoducto clave en Vaca Muerta. El mandatario utilizó sus redes sociales para cuestionar con dureza a Paolo Rocca, a quien apodó Don Chatarrín, defendiendo la transparencia del proceso licitatorio.
La disputa comenzó cuando el consorcio Southern Energy, integrado por YPF, PAE y Pampa Energía, eligió la oferta de la firma india por ser un 40% más económica que la de Techint. Ante este escenario, el holding nacional intentó igualar el precio fuera de los plazos establecidos, pero la maniobra fue rechazada para garantizar la seguridad jurídica del certamen. Milei respaldó esta decisión y atacó a quienes defienden la industria nacional con argumentos de proteccionismo, sugiriendo la existencia de intereses ocultos en la opinión pública.
Por su parte, el ministro Federico Sturzenegger celebró el resultado como una victoria de la apertura económica y la competencia internacional. El funcionario sostuvo que priorizar los costos más bajos es la única vía para que Argentina logre niveles de competitividad global y baje los costos de producción energética. El Gobierno sostiene que el país no puede seguir subsidiando ineficiencias de grandes grupos empresarios si pretende atraer inversiones genuinas bajo las nuevas reglas de mercado.
Como respuesta a la derrota, el grupo liderado por Paolo Rocca analiza presentar una denuncia por dumping contra la empresa ganadora. Desde Techint argumentan que los precios ofrecidos por Welspun Corp son desleales y que esta decisión pone en riesgo la continuidad de la producción y el empleo en su planta de Valentín Alsina. La controversia reabre una histórica tensión entre la administración nacional y los sectores industriales locales por los efectos de la liberación de las importaciones.
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