En las últimas horas el Gobierno nacional resolvió que la Unidad de Información Financiera (UIF), deje de ser querellante en las causas por corrupción y lavado de dinero. Según informaron desde el ejecutivo se trata de una medida que buscará preservar la autonomía del organismo además de evitar que se superponga con el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Así lo dispuso el Decreto 274/2025, que se publicó en la noche del jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La medida derogó el Decreto 2226, de diciembre de 2008, que autorizaba al titular de la UIF a intervenir como parte querellante en las causas por corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.La medida responde a una recomendación del GAFI, para «reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante, en tanto dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa».
Además sostuvieron: «El esquema actual superpone la actividad de ambos organismos con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones en el obrar».
A partir de ahora, la UIF «podrá requerir, recibir e intercambiar información» con «otras entidades públicas que desarrollen actividades de inteligencia, información o prevención, resguardando el carácter secreto», así como «colaborar y/o requerir colaboración a los órganos de la Administración Pública Nacional, del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal».
Además, el decreto dispuso la creación del Comité de Ciberseguridad, que estará a cargo de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y «tendrá por objetivo la elaboración de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad».
