El presidente Alberto Fernández fue denunciado penalmente este viernes por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a diputados de su bloque, y el legislador porteño Roberto García Moritán, de Republicanos Unidos. Ambas presentaciones contra el mandatario fueron por no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece que el Gobierno debe entregar a la ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables.
“Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración”, aseguraron desde la Coalición Cívica.
“El Estado Nacional consintió la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimir el conflicto y se sometió al trámite de dicho trámite judicial, en el cual ejerció su derecho de defensa, en prueba cabal de observancia del debido proceso. Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el solo hecho de resultar adverso a sus pretensiones”, agregaron.
Por su parte, desde el partido que lidera Ricardo López Murphy denunciaron “una maniobra con la que se pretende cuestionar el criterio jurídico de la Corte”.
“Queda claro que el anunciado recurso que pretende interponer el Poder Ejecutivo Nacional es una maniobra con la que se pretende cuestionar el criterio jurídico de la Corte, y no subsanar un error material, por lo que resulta a todas luces improcedente, y una mera excusa para intentar justificar torpemente la decisión de incumplir la sentencia”, argumentaron.
En tanto, desde la Coalición Cívica, no solo denunciaron al jefe de Estado, sino también al ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; al jefe de gabinete, Juan Manzur; al ministro de Economía, Sergio Massa, y al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Los denunciaron por los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Con información de La Nación
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