Sin transmisión oficial, Cristina Kirchner declara en el juicio oral por obra pública

Un vicepresidente electo será indagado por corrupción por primera vez. Declarará por su rol en la adjudicación de obras viales a las firmas de Lázaro Báez.
Cristina Kirchner será indagada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que desde el 21 de mayo la juzga por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez.
La ex presidenta antes ya había dejado en claro que todas las causas judiciales en su contra responden a una persecución política.
La llegada de Cristina a los Tribunales de Comodoro Py será cerca de las 9.30, cuando inicie la audiencia que la tendrá como principal protagonista. Durante la etapa de instrucción del expediente, la compañera de fórmula de Alberto Fernández realizó su descargo en instancia de indagatoria únicamente con un escrito.
Cristina Kirchner deberá responder a la acusación como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado direccionando contratos viales a favor de las empresas del Grupo Austral, perteneciente a Lázaro Báez. Su abogado Carlos Beraldi no confirmó si estará dispuesta a responder preguntas del Tribunal y las querellas.
La ex mandataria acumula ocho causas en instancia de juicios oral -dos de ellas se unificaron- de las cuales cinco son por corrupción; siete pedidos de prisiones preventivas, y en breve otro expediente respecto a la cartelización en la obra pública y el cobro de sobornos será elevado por el juez Claudio Bonadio.
En el caso “obra pública”, el TOF 2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu- juzga a Cristina hace siete meses junto a otros doce imputados: Julio De Vido, Carlos Kirchner, José López, Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios, y Lázaro Báez.
Todos están acusados de “haber instaurado” una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública. Según la acusación, esta “organización criminal” operó para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”: fueron 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos.
A la futura vice la acusan de haber sido “jefa de la asociación ilícita; como presidenta dirigió y controló el modo en el que se desarrollaba el sistema de beneficios a favor del Grupo Austral”, en “detrimento del interés estatal y en perjuicio del erario público”. Este circuito de irregularidades permitió que el patrimonio del empresario patagónico creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos “eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes”.
Después de la indagatoria de este lunes, en la que la ex Presidenta reiterará haber sido víctima de una persecución política y pondrá en duda las pruebas centrales del caso, el TOF 2 iniciará la etapa de declaraciones testimoniales, donde se espera escuchar a unas cien personas. Las audiencias se retomarán en febrero, después de la feria judicial.
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