Vicentin: reponen al directorio original y los interventores serán solo veedores

El juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien está a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, ordenó este viernes al mediodía que el directorio original de la cerealera vuelva a tomar el mando por un lapso de 60 días. De esta manera, el fallo desplaza a los interventores dispuestos por el presidente Alberto Fernández, que pasarán a ser solo veedores de la firma.

El magistrado también se declaró “incompetente” para definir los planteos de constitucionalidad del DNU del Gobierno nacional y ahora será la Cámara de Apelaciones la que dispondrá si el juez debe o no definir este tema, aunque el trámite llevará tiempo.

En el documento, de 14 páginas, Lorenzini resolvió disponer “con carácter de medida autosatisfactiva y previa presentación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme la a la última Asamblea Ordinaria de accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”.

Además, planteó “establecer, en el marco de la presente medida autosatisfactiva, que los señores interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.

El reclamo de la cerealera planteaba que tras la oficialización del interventor del Gobierno, se vio afectado el normal funcionamiento de la firma y del “presente proceso concursal, como ser: La existencia de un proceso de verificación de créditos en curso, necesidad de resguardar el giro normal de las actividades de la empresa y de atender las obligaciones cuyo vencimiento se produce periódicamente, necesidad de abonar salarios de miles de trabajadores, continuidad de contratos”.

También recordaron el volumen agroexportador de la empresa -que representa aproximadamente el 9% del total de la oferta exportable de la República Argentina- “todo lo cual podría verse seriamente afectado por la situación de hecho generada merced al desplazamiento de los directores mencionados, con el consiguiente perjuicio a la concursada y por ende, también a sus acreedores, dado que el cobro de sus créditos depende principalmente de la continuidad operativa de la empresa”.

Con estos argumentos, solicitaron ante el juez Lorenzini “la inmediata restitución de los antes señalados en sus cargos, dentro del Directorio la sociedad anónima concursada y el desplazamiento de los interventores designados, con fundamento en la ilegitimidad e inconstitucionalidad del citado decreto de necesidad y urgencia, sosteniendo su nulidad absoluta e insanable”.