La justicia dio lugar al pedido del CELS y habilitará la feria para tratar la situación del Bonaparte

Tras los despidos el hospital no puede garantizar la atención plena en los diferentes servicios.

El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa hizo lugar a un planteo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y es que tras los despidos y el vaciamiento sufrido por el Hospital Laura Bonaparte, la justicia habilitó la feria para tratar su situación. Cabe destacar que desde que inició el año más de doscientas personas fueron despedidas del mismo en el marco de una «reestructuración».

Cabe resaltar que la habilitación de la feria “es una medida de carácter excepcional, que debe ser aplicada restrictivamente sólo en aquellos casos que no admitan demora en su tratamiento”, el juez Lara Correa, a cargo del juzgado de feria, consideró “que la petición del CELS (en cuanto a la habilitación de la Feria Judicial) debe ser concedida”. Es que tras los despidos no se puede garantizar la atención plena en los diferentes servicios del nosocomio.

“En virtud de que de los hechos relatados en la demanda podría surgir la posible lesión de derechos cuyo sujeto titulares sean niñas, niños y/o adolescentes, remítase al Ministerio Público de la Defensa a fin de que asuma la representación y se expida sobre la cuestión litigiosa”, indica la resolución del magistrado.

La medida cautelar fue presentada el pasado 16 de enero para que dejen de despedir empleados del hospital de salud mental. El Hospital Laura Bonaparte despidió a 200 trabajadores recientemente, como parte de una reestructuración impulsada por el gobierno.

La medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el gobierno busca frenar los despidos en el Hospital Laura Bonaparte, argumentando que estos despidos afectan gravemente el derecho a la vida y a la salud de los pacientes.

Según explicaron, la reducción del personal impactó negativamente en los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia, incumpliendo con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud. Además, el CELS mencionó que la situación afecta a personas en situación de extrema vulnerabilidad, incluyendo niños, niñas y adolescentes que requieren atención de salud mental