Argentina presenta una tercera apelación en el juicio por YPF: busca frenar el acceso a mensajes de Caputo y Massa

La defensa nacional intenta revertir la orden de la jueza Loretta Preska que habilita el acceso a dispositivos personales de funcionarios, en el marco del proceso de discovery por la figura del alter ego.

El juicio por la expropiación de YPF suma un nuevo capítulo judicial. Esta semana, la Argentina presentó una tercera apelación ante la Corte de Nueva York, en el proceso en el que fue condenada a pagar US$16.000 millones por la forma en que se llevó adelante la estatización de la petrolera durante el kirchnerismo.

El nuevo recurso busca frenar la orden de la jueza Loretta Preska, quien dispuso que el país entregue mensajes y dispositivos personales de los últimos dos ministros de Economía: Luis Caputo y Sergio Massa. La medida forma parte del proceso de discovery impulsado por Burford Capital, beneficiario de la sentencia, que intenta probar la figura del alter ego entre el Estado y empresas como YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación.

Si esta figura se convalida, los demandantes podrían solicitar embargos sobre esas firmas para ejecutar parte del fallo emitido en septiembre de 2023, que también fue apelado por el Gobierno argentino.

La defensa nacional ya había presentado dos recursos previos: uno para evitar la entrega de acciones de YPF como parte de pago, y otro para anular la condena de fondo. Ahora, con esta tercera apelación, busca dejar sin efecto la orden que habilita el acceso a información considerada “sensible” por los abogados del país.

A fines de julio, Preska ordenó el embargo y la entrega de datos de funcionarios públicos, incluyendo mensajes vinculados a la causa mediante palabras clave como “YPF”, “Banco Nación” o “Aerolíneas”. La magistrada aclaró que no se extraerán datos sobre la vida privada de los involucrados.

Los abogados argentinos argumentaron que la medida “viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía nacional y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables”. Sin embargo, la jueza ratificó su directiva a mediados de septiembre y emplazó al país a cumplirla antes de fin de mes.

La estrategia judicial del Gobierno busca evitar que se avance sobre activos estratégicos y preservar la confidencialidad de las comunicaciones de funcionarios del Palacio de Hacienda, en un caso que sigue escalando en complejidad y repercusión internacional.