El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, atraviesa el período más complejo de su gestión luego de que el Gobierno denuncie por lavado de dinero a una financiera muy cercana. Además, se comprobó que la entidad habría utilizado un documento falsificado para sancionar a un club disidente.
La Dirección General Impositiva (DGI) denunció ante la Justicia a la financiera Sur Finanzas SA —empresa ligada a Tapia que auspicia a Barracas Central y a la Liga Profesional— por una presunta evasión del Impuesto al Cheque y por una masiva maniobra de lavado de activos.
La denuncia de la DGI (ARCA) detalla que la operatoria bajo investigación movilizó alrededor de $818.000 millones de pesos. La DGI detectó que el dinero provendría de un «circuito marginal», ya que las transacciones se realizaban a través de la billetera virtual de Sur Finanzas por personas que no tienen actividad económica conocida o son monotributistas de muy baja categoría.
La DGI estima que la financiera evadió más de $3.300 millones ARS en concepto de Impuesto al Cheque. La exposición pública de Maximiliano Ariel Vallejo (vicepresidente de Sur Finanzas), que ostenta su cercanía a Tapia en redes y patrocina a su club, intensifica el escrutinio sobre el vínculo entre el poder económico y deportivo.
Además del problema financiero se suma al escándalo administrativo conocido como «PDFgate». El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) reveló que la AFA intentó sancionar a Estudiantes de La Plata (presidido por Juan Sebastián Verón) por el «pasillo de espaldas» a Rosario Central, utilizando el Boletín N°6625 con fecha de febrero de 2025.
Peritos informáticos consultados confirmaron que el documento fue creado y modificado el domingo 23 de noviembre (horas después del partido), exponiendo a la AFA a una denuncia por la posible adulteración de un documento oficial. El equipo legal de Estudiantes está evaluando llevar el asunto a la Justicia por fraude, sobre todo si los jugadores que realizaron el gesto son suspendidos.
Diputados: el oficialismo logra un acuerdo para evitar la sesión que busca interpelar a Adorni