El decreto frena las posibilidades de los agentes de realizar tareas de inteligencia interna y colaboración judicial, una medida que había anunciado Alberto Fernández al comienzo de su gestión.
A través de un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), el Gobierno oficializó la decisión que anula las facultades de los espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de realizar escuchas, tareas de investigación a pedido de los jueces y de participar de operativos represivos o cumplir tareas políticas.
De esta manera, la AFI desde este viernes sólo podrá investigar temas de terrorismo y acciones que pongan en riesgo el “orden constitucional”.
El DNU fue firmado por el presidente Alberto Fernández durante el miércoles, luego del anuncio realizado el pasado domingo en su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, y fue publicado hoy junto al decreto que “desclasifica” la información que la ex SIDE sobre la causa AMIA.
“No corresponde que hagan esas tareas. Ninguna agencia de inteligencia del mundo se pone a investigar, por orden de un juez, delitos comunes”, manifestaron fuentes de la Casa Rosada a Clarín. La medida definió que el organismo no podrá realizar “tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal”.
En tanto, modificó la ley 25.520, que había establecido una “excepción que permite a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales”.
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