Cómo fue la expropiación de YPF y cuál fue el origen del mayor juicio contra la Argentina

La reciente resolución activa un nuevo análisis sobre el proceso de nacionalización de la petrolera, al impedir momentáneamente la ejecución de la mayor condena económica aplicada a un Estado extranjero en Estados Unidos

La Corte de Apelaciones de Nueva York decidió anular la condena que obligaba a Argentina a pagar más de USD 17.000 millones por la expropiación de YPF. Este fallo, catalogado como “histórico” por el presidente Javier Milei, modifica las perspectivas judiciales y financieras inmediatas del país, deteniendo temporalmente la ejecución de la mayor sanción económica impuesta a un Estado soberano en tribunales de Estados Unidos, según informó EFE.

La magnitud de la disputa quedó evidenciada en 2023, cuando la jueza Loretta Preska, con jurisdicción en Nueva York, sentenció que Argentina debía desembolsar más de USD 16.000 millones —cifra que, con intereses, superó los USD 17.000 millones—. EFE precisó que la sanción se fundó en el incumplimiento de las obligaciones estatutarias de YPF tras la nacionalización de la compañía.

El fallo reciente de la corte estadounidense se produce en el contexto de uno de los episodios centrales de la política económica argentina de las últimas décadas. La controversia se remonta a abril de 2012, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la expropiación del 51% del capital accionario de la petrolera, que estaba bajo control de la española Repsol desde los años noventa. Según EFE, la decisión respondió al deterioro energético local, evidenciado por una caída de la producción de hidrocarburos y el incremento de importaciones para cubrir la demanda interna.

El diseño y la defensa política de la iniciativa estuvieron en manos del actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien integraba el equipo económico y fue clave en la formulación de la estrategia oficial, de acuerdo con EFE. La medida incluyó la intervención inmediata de la empresa, el envío de un proyecto de ley al Congreso y la sanción, semanas después, de la normativa que formalizó la expropiación y otorgó al Estado argentino el control mayoritario de la compañía junto a las provincias productoras.

Tras este proceso, se resolvió el conflicto principal con Repsol en 2014, cuando el Estado argentino acordó pagar unos USD 5.000 millones en bonos como compensación por el 51% expropiado, informó EFE. Sin embargo, la controversia legal continuó en los tribunales norteamericanos, impulsada por accionistas minoritarios y fondos como Burford Capital, quienes alegaron que no se respetó el estatuto societario de YPF.

Ese estatuto, según detalla EFE, obligaba a quien tomara el control de la petrolera a realizar una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas. El incumplimiento de esta cláusula fue el eje de la demanda liderada por inversores que adquirieron los derechos de litigio y elevaron su reclamo ante la justicia de Estados Unidos.

El caso se judicializó en Nueva York durante varios años y derivó en la condena emitida en 2023, que ubicó a Argentina frente a una potencial obligación de pago multimillonaria. La sentencia de la jueza Preska señalaba: «El país debía lanzar una oferta pública por el resto de las acciones tras tomar el control, y la omisión causó un daño económico significativo», reprodujo EFE.

La reciente anulación de la condena reactiva el debate sobre la gestión del proceso de expropiación y las responsabilidades surgidas en el seno del gobierno argentino de 2012. La resolución judicial representa, hasta el momento, un alivio para las arcas públicas y redefine la estrategia de defensa ante una de las disputas económicas más costosas y complejas en la historia del país, conforme señala EFE.