Duro revés para el Gobierno: el Senado aprobó la Ley Garrahan y el financiamiento universitario

El Senado convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en pediatría, más conocida como Ley Garrahan, por 62 votos afirmativos y ocho negativos, dando así otro duro revés para el gobierno del presidente Javier Milei.

La iniciativa encontró adhesiones en los bloques Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales. El rechazo fue propiciado por La Libertad Avanza y los senadores Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO.

El dictamen con luz verde del Congreso fija que las autoridades deberán garantizar “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

Además, se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.

“Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, consignó el despacho.

También exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan “actividades críticas, horas extras y/o guardias”.

Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que “equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones.

La OPC señaló que a junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes y que “no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias”.

Por otra parte, la Cámara Alta convirtió en ley el refuerzo del financiamiento universitario, norma que el presidente Javier Milei prometió vetar por considerar que rompe el equilibrio fiscal que persigue la administración libertaria desde que llegó al poder en diciembre de 2023.

El proyecto fue aprobado por la Cámara alta por 58 votos a favor, sólo 10 en contra y tres abstenciones. Una mayoría superior a los dos tercios que podría anticipar un rechazo del eventual veto que el jefe del Estado anticipó que le aplicará a la ley.

Además, en una jornada negra para la Casa Rosada, con amplio apoyo opositor, el Senado rechazó cuatro decretos delegados y un DNU de relevancia dictados por el el presidente Javier Milei, entre los que se destacan el que disuelve Vialidad Nacional y otros que modifican las estructuras del INTI e INTA.

De esta manera, esta serie de resoluciones del Poder Ejecutivo, motorizadas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger, quedaron sin efecto ya que tenían el rechazo de la Cámara de Diputados.

El debate por los decretos inició recién pasadas 12.30, más de una hora después del comienzo de la sesión, luego de una serie de cuestiones de privilegio, intentos por parte de partidos provinciales de incluir otros proyectos en el temario y la aprobación de acuerdos militares.

El decreto delegado por el cual Milei se proponía disolver Vialidad Nacional.

El texto sostenía que la estructura de no se ajustaba “a las necesidades actuales de gestión”, lo que se reflejaba en “altos costos operativos” y falta de agilidad, y mencionaba una “desproporción” entre el personal administrativo y el operativo y una mayor eficiencia en los tramos concesionados a privados.

A su vez, reasignaba tareas esenciales como la planificación de obras, la elaboración de pliegos y los controles de gestión eran reasignadas a unidades dentro del Ministerio de Economía, y disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el objetivo de “reducir el gasto público” y se basaba en que la Gendarmería Nacional ya tiene la capacidad operativa para realizar el control en las rutas nacionales.

El senador del radicalismo Pablo Blanco fustigó contra la avanzada del oficialismo contra Vialidad Nacional, al afirmar que “el Gobierno toma una medida que es como si aparece un enfermo de cáncer y para no gastar en dinero le pega un tiro y lo mata, entonces se acabó el enfermo y se acabó el problema”.

Alfredo De Angeli, jefe de bloque del PRO,y reconocido productor rural, defendió el INTA y señaló que el organismo “tiene un prestigio tremendo a nivel internacional”, por lo que llamó a ” preservar su autarquía”.

“El INTA ha inventado la primera cosechadora de algodón para la zona de Santa Fe, Chaco y Formosa”, añadió.

El camporista Eduardo De Pedro, en tanto, focalizó su discurso en el decreto que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos y planteó que el decreto rechazado “quita competencias, reduce las capacidades, y tiene que ver con volver a la Argentina de la impunidad”.

Otra de las facultades del decreto rechazado por el Senado era que buscaba convertir a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, en un nuevo ente que absorbía las competencias de fiscalización de las concesiones viales que antes tenía Vialidad.

Lo mismo estaba previsto para la Junta de Seguridad en el Transporte, que cambiaría su nombre a “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, al limitar su competencia al transporte aéreo, y sus funciones de investigación en los modos ferroviario, automotor y marítimo pasarían a ser suprimidas o reasignadas a otros organismos.

Por su parte, con los decretos que buscaban transformar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Gobierno proponía quitarles su carácter de entes autárquicos o descentralizados para convertirlos en organismos desconcentrados y dependientes de secretarías de Estado.

El INTA, en tanto, pasaría a depender de la Secretaría de Agricultura, mientras que el INTI sería transformado en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria; en ese caso se cuestionó que el 30 por ciento de sus recursos humanos se hubieran concentrado en el área de administración, un ratio “muy por encima de los estándares habituales”.

Por último, el Senado también le dio su estocada final al decreto de necesidad y urgencia que establecía la desregulación de la Marina Mercante.

Votaciones

• INTA e INTI: 60 rechazos, nueve afirmativos y una abstención.
• Organismos de cultura: 57 rechazos, 13 afirmativos y una abstención.
• Banco de Datos Genéticos: 58 rechazos, 12 afirmativos y una abstención.
• Marina Mercante: 55 rechazos, 13 afirmativos y tres abstenciones.
• Vialidad: 50 rechazos, 10 afirmativos y una abstención.