El Gobierno británico rechazó con una dura respuesta la decisión del presidente Javier Milei de iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido y crece la tensión en la disputa por las Islas Malvinas.
La medida argentina busca frenar la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, específicamente el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, así como evitar nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental.
En un comunicado difundido este 30 de septiembre, la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que recurrir al mecanismo de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) constituye un nuevo intento de “socavar los derechos y los medios de vida” de los habitantes de las islas.
Asimismo, se hizo saber que la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, fue convocada para entregarle la nota oficial de protesta.
Desde la perspectiva británica, Kumaran afirmó que los habitantes de las islas han elegido su futuro de forma libre y democrática, por lo que tienen derecho a administrar sus recursos naturales “sin intimidación, coerción o interferencia”.
Londres argumenta que las actividades hidrocarburíferas están reguladas por leyes locales y se desarrollan en conformidad con el derecho internacional.
El punto más significativo de la postura británica radica en el impacto sobre la relación bilateral. Según la funcionaria, el Gobierno del Reino Unido le dejó claro a la embajadora Plaza que los intentos de frenar estas actividades económicas “no son actos de compromiso internacional responsable”, sino acciones deliberadas para afectar la prosperidad y la seguridad económica de los isleños.
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