Toma fuerza en el Congreso la creación de otro impuesto a los productos envasados

La propuesta, impulsada por Máximo Kirchner y Juan Cabandié, implica un 3% extra a los productores responsables de la puesta en el mercado. Se trata de la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida, que ya tuvo críticas de sectores del comercio.

Avanza en el Congreso un nuevo impuesto del 3% que se aplicará a todos los alimentos envasados, y cuya recaudación irá directamente a un fondo que será manejado por el Ministerio de Ambiente dirigido por Juan Cabandié.

El proyecto tiene que ver con la «ley de envases», a partir de la cual se impulsa establecer los «presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo». A raíz del proyecto, Máximo Kirchner y la Federación de Cartoneros presentaron el proyecto de «Ley de envases con inclusión social».

De acuerdo a lo que establece la norma, en la Argentina se computa una generación de aproximadamente 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Por lo que atañe a este proyecto, de ese número se estima que un 21,2% son residuos de Envases Post Consumo.

Más allá de establecer las obligaciones para unos y otros, la ley crea el Sistema Nacional de Gestión de Envases (SINAGE), que tendrá, entre otras cosas, el monitoreo de los sistemas de gestión, la mayor parte de ellos con cooperativas de reciclaje, que conformarán «las autoridades locales, consorcios regionales, u otras entidades que las reemplacen», y que integrarán los «Sistemas Locales de Gestión Integral de Envases, optimizando sus servicios de gestión pública y/o pública-privada preexistentes, y observando los objetivos, principios y jerarquía de opciones indicados en la presente Ley».

Es aquí donde surge la polémica: para financiar el sistema se creará la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida (TAREP), que tendrá como fin garantizar la protección mínima ambiental, evitar el impacto negativo que estos generan sobre el ambiente de no gestionarse de acuerdo con la jerarquía de opciones, y hacer cumplir a los demás objetivos del artículo 2° de la presente.

El problema viene a raíz de que el proyecto obligará a los productores responsables de la puesta en el mercado de los mismos a abonar la TAREP.

«El valor de la TAREP deberá ser expresado en pesos argentinos por kilogramos de materiales en los envases y no podrá ser superior al 3% del precio mayorista de venta del producto envasado», dice la norma, lo que implica que podría aplicarse hasta un 3% de tasa el precio mayorista de cada envasado en rubros como limpieza, medicamentos, alimentos o envíos, entre otros.

Con la recaudación de ese dinero se creará «el Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER), el cual tendrá por objeto el cumplimiento de las mandas establecidas en la presente Ley y será operado por la banca pública», manejado por el Ministerio de Ambiente, en manos de Jun Cabandié.

«La Autoridad de Aplicación determinará su valor [de la tasa], y tendrá competencia para actualizarlo, así como también los términos de la fórmula establecida que integra la presente, conforme a criterios técnicos que garanticen la correcta gestión de los envases y envases post consumo y mitiguen su impacto negativo sobre el ambiente», finaliza la norma.

Al respecto de la norma, sectores del comercio, como la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA), manifestaron su rechazo al proyecto: «Compartimos la necesidad de contar con una Ley de Envases y aceptamos el principio de Responsabilidad Extendida y compartida del Productor. Sin embargo, no coincidimos con que el método para abordar este problema sea agregando a todos los productos envasados una mayor carga tributaria -actualmente del 50% para el sector de Bebidas», escribieron en un comunicado.

«También está dispuesta, como siempre lo ha manifestado, a asumir la responsabilidad por la gestión de los envases posconsumo. Pero pagar aún más impuestos que no redundarán en la eficiencia del sistema de recolección y reciclado, no es la forma para hacerlo», señalaron.

Y concluyeron: «Tenemos la oportunidad de construir entre todos los involucrados una buena ley como ha sucedido en países de la región y del mundo, que nos permita trabajar de forma eficiente y sustentable a largo plazo. No la desaprovechemos». 

Según informa Clarín, en estas horas se habría firmado el dictamen en la primera comisión (Recursos Naturales) y la iniciativa ya camina rumbo al dictamen de la Comisión de Presupuesto que maneja el banquero cooperativista Carlos Heller. El objetivo es aprobarla en la última sesión de la Cámara de Diputados actual.

Con información de Clarín.