La oposición cargó con duros cuestionamientos al Gobierno por su decisión de modificar la ley de inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Entre sus cambios, el punto más cuestionado es la facultad del organismo el de aprehender personas.
Desde la Coalición Cívica señalaron que el decreto publicado este viernes es una herramienta para el “espionaje político”, ya que define de manera ambigua las amenazas a la seguridad nacional.
La disputa se trasladará ahora al ámbito legislativo, donde la Comisión Bicameral de Inteligencia prevé formalizar este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo.
Dirigentes como Maximiliano Ferraro (CC) y Esteban Paulón (Socialismo) exigieron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para proceder a su rechazo, argumentando que una reforma de tal sensibilidad estratégica no puede ser impuesta sin debate parlamentario.
En tanto, desde el kirchnerismo, el diputado Leopoldo Moreau denunció que la medida “clausura la conducción civil de la inteligencia” y crea de facto una “policía secreta”.
En sintonía, el exministro de Defensa Jorge Taiana alertó que la disolución de los organismos de control civil sobre la inteligencia militar busca convertir a las Fuerzas Armadas en una “Guardia Nacional” subordinada a tareas de seguridad interior.
Mientras tanto, el PRO mantiene un cauteloso silencio, aunque sus referentes en la comisión fiscalizadora ya coordinan acciones para auditar el alcance de los nuevos cambios.
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