El Gobierno presentó una denuncia penal contra cinco empresas involucradas en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas. En paralelo, el presidente Javier Milei encomendó al ministro de Economía, Luis Caputo, otorgar prioridad al desarrollo de la Base Naval Integrada en la formulación del Presupuesto 2027.
La presentación judicial fue realizada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, en el marco de un reclamo por la defensa de la soberanía y los recursos naturales.
La denuncia, indicaron, se promueve en virtud de que las empresas “presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de las disposiciones establecidas por la Ley N° 26.659”.
Firmas y accionistas denunciados:
- Navitas Petroleum Development & Production Ltd.
- Navitas Petroleum Atlantic United
- Navitas Petroleum LP
- JHI Associates Inc.
- Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Según precisó el Gobierno, las tres primeras empresas operan bajo licencias ilegítimas otorgadas por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte, contraviniendo la Ley 26.659. La acción legal se extiende a accionistas, directores, gerentes, síndicos, administradores y representantes legalmente vinculados a las maniobras investigadas.
Desde la Oficina del Presidente destacaron que la medida constituye una acción concreta para resguardar los recursos naturales y velar por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares correspondientes, al tiempo que ratificaron que continuarán impulsando las acciones legales necesarias para frenar cualquier vulneración de los derechos soberanos del país.
En tanto, el presidente Javier Milei firmó una instrucción dirigida al Palacio de Hacienda para que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 —que deberá enviarse al Congreso antes del próximo 15 de septiembre— priorice el financiamiento de la Base Naval Integrada y otras iniciativas vinculadas a la seguridad nacional.
Ambas decisiones se enmarcan en una política orientada a fortalecer las capacidades defensivas del Estado, resguardar los recursos estratégicos y proteger la integridad territorial.
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