El Gobierno avanza en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina: licitarán el 44% de las acciones

Se trata de la empresa a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país, Atucha I, Atucha II y Embalse.

Tal como lo había anticipado el vocero presidencial Manuel Adorni, el Gobierno nacional avanzó este martes con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa estatal encargada de operar las tres centrales nucleares activas del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida fue formalizada mediante el Decreto 695/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

El decreto establece que el 5% del capital accionario será destinado a los trabajadores, en el marco del Programa de Propiedad Participada. El Estado Nacional conservará el 51% de las acciones, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica. El 44% restante será ofrecido en una licitación pública de alcance nacional e internacional, sin preferencias adicionales más allá del programa mencionado.

Según los considerandos del decreto, el Gobierno busca “asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa de manera eficiente y competitiva”, promoviendo la incorporación de capital privado como vía para fortalecer el sector. El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y dictará las normas operativas necesarias, con intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de transformación de Empresas Públicas”.

La decisión se enmarca en la Ley Bases y responde a la visión oficial de reducir el rol del Estado en la gestión empresarial. Adorni había adelantado el 16 de diciembre que “todas las empresas públicas están sometidas a un posible proceso de privatización”, con el objetivo de “ponerle fin al Estado empresario, aquel que se atribuía funciones impropias para despilfarrar los recursos de los argentinos”.

En el caso de Nucleoeléctrica, el Gobierno apunta a atraer inversiones para construir el primer reactor modular argentino, impulsar la minería de uranio y dinamizar el sector energético con estándares competitivos. La referencia al Decreto 1540/94 —que dio origen a la empresa— refuerza la idea de equiparar las condiciones de la generación nucleoeléctrica con las de otras fuentes privadas.